El texto que propone el oficialismo como Constitución es Nulo
El 28 de agosto, el Presidente Evo Morales promulgó el D.S. 29691 convocando a elección de Prefectos en La Paz y Cochabamba, elección nacional de Sub-Prefectos y Consejeros Departamentales además de convocar a referéndum dirimidor sobre tierras y a referéndum por la Constitución aprobada en Oruro. Un análisis jurídico de estos hechos, que cambiarán el rumbo nacional.
Hugo Antonio Achá Melgar
Jurista boliviano
Boliviano, cruceño. Abogado. Máster en Seguridad, Defensa y Desarrollo. Diplomado en Altos Estudios Nacionales (DAEN). Especialista en Ciencias Políticas. Fue asesor legal de varias instituciones públicas y privadas además de haber sido Vice-Ministro de Coordinación. Actualmente es Director Ejecutivo del Centro de Conciliación y Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz.
Hugo Antonio Achá Melgar - Analista Político
LEX: ¿Es legal que el Gobierno convoque a Referéndum por la CPE aprobada en Oruro mediante Decreto Supremo?
HAAM: Debe establecerse con claridad que hoy por hoy, conforme a nuestro ordenamiento jurídico, no existe una Nueva Constitución ni un Proyecto legal de Nueva Constitución Política del Estado. El texto aprobado de manera irregular inicialmente en los previos del cuartel de La Glorieta en Sucre y refrendado luego en la ciudad de Oruro, es nulo de pleno derecho.
Doctrinalmente, la ilegalidad implica una cierta posibilidad de que subsanados los defectos se pueda construir sobre un hecho jurídico algo que pueda ocasionar, el día de mañana, la posibilidad de cumplimiento obligatorio. Cuando algo es nulo de pleno derecho, tiene dos características: quiere decir de que su defecto invencible e insubsanable, por lo tanto, no puede sobre ello construirse derecho alguno; primero debe establecerse esto, ni siquiera el razonamiento del Presidente de la República cuando dijo que bajo la “agenda política” pretendía legalizar lo ilegal, salvando el texto aprobado en Sucre y Oruro, el cual no llega a ser ni siquiera una propuesta de una reforma a la CPE vigente.
Una Constitución, primero y antes que una norma jurídica, es un pacto social y éste no puede estar viciado, en base y principios, de nulidad en el texto que se supone lo sustentará.
No es legal la convocatoria a Referéndum Constituyente mediante Decreto Supremo ya que se supone que estamos en un Estado de Derecho, en vigencia de un régimen democrático y amparado por la Carta Interamericana que define la calidad de un Estado Democrático. Bajo ese concepto, se supone que los Poderes del Estado son iguales entre sí y que un régimen democrático se rige en cuanto a su regulación normativa por la legislación emanada por el Órgano Legislativo. El Decreto, se supone, que es subsidiario y accesorio en la norma.
LEX: ¿Cómo considera el peso que los “movimientos sociales” tienen en el actual Gobierno?
HAAM: Primero, es necesario señalar que se ha tomado arbitrariamente la definición de “movimientos sociales” y sólo se aplica a aquéllos sectores que están alineados con el proyecto gubernamental.
Movimientos sociales son todos los movimientos que se dan al interior de la dinámica social, son también las organizaciones cívicas, los sectores del Oriente Boliviano, etc. El problema es que los mal llamados movimientos sociales, es decir, aquellos alineados con el proyecto gubernamental, han ganado un grado de influencia desproporcionada y adquirieron el compromiso, de parte del Gobierno, de incorporar sus agendas en el proyecto gubernamental y un solo ejemplo es la constitucionalización de la hoja de coca como parte elemental del Estado boliviano cuando, en realidad, un inmenso segmento poblacional no tiene ningún grado de relación con la coca como elemento de identificación cultural, mucho menos como elemento de vinculación social y menos aún como instrumento de subsistencia económica; ello es una pauta de cuán condicionado es este apoyo y cuán rígido es el oficialismo.
LEX: ¿Qué opinión le merece el hecho de que el Gobierno quiere convocar a nuevo referéndum nacional por autonomías?
HAAM: Es realmente una derrota para el Gobierno que expresó todo lo negativo acerca del proceso autonómico que hoy día pretenda, en una maniobra estrictamente partidaria, hablar de un Referéndum Nacional por Autonomías. Habrá que recordarles que ya hubo un referéndum nacional por autonomías vinculante a nivel departamental y que cuatro departamentos adquirimos, reafirmamos y refrendamos ese derecho no en una, ni dos, sino en tres oportunidades.
Es una derrota política el que hoy el Gobierno admita esa situación y que pretenda instrumentalizarla y desde el punto de vista jurídico es innecesario, ya que tenemos y gozamos de un régimen autonómico legal y con cobertura constitucional.
LEX: De darse esta nueva convocatoria, ¿En qué quedaría el referéndum autonómico del año 2006?
HAAM: En realidad, la tentativa es una admisión contra su propia voluntad de que la autonomía es un hecho concreto y, como tal, no necesita un nuevo referéndum además que sería un gasto insulso.
En todo caso, debería promoverse un referéndum para que las regiones que votaron por el No a las autonomías en el 2006 sean consultadas.
Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija tienen una voluntad autonómica que la han expresado en tres procesos electorales absolutamente legales.
LEX: Usted fue moderador de un debate entre las agrupaciones políticas sobre la CPE y los Estatutos, evento auspiciado por LEX. ¿Cuáles fueron las convergencias y cuáles las divergencias entre los políticos sobre el proyecto de texto constitucional y los Estatutos Autonómicos?
HAAM: Había una cierta interpretación acerca de la naturaleza del proyecto de texto constitucional, donde se hacía mucha confusión entre su condición ilegal y su condición irregular cuando en el fondo, el texto que propone el oficialismo como Constitución es nulo.
Había también mucha confusión sobre la necesidad de una eventual compatibilización, cuando en mi opinión, por imperio del Art. 4º de la actual CPE, las autonomías, tal y como las conocemos, están con plena cobertura constitucional porque derivan de un acto de un Gobierno popular ya que nuestra Constitución dice con absoluta claridad que el pueblo boliviano, y en los departamentos es el pueblo boliviano en esa escala territorial que ya se ha expresado, tiene el derecho de gobierno ya que delibera y gobierna mediante el referéndum, y el acto de gobierno no es un pedido, sino una orden; es así que cuatro departamentos han ordenado al Estado boliviano y a sus representantes la implementación del modelo autonómico en donde ganó el Sí a las autonomías.
LEX: ¿Será posible “compatibilizar” el Proyecto de CPE del oficialismo y los Estatutos Autonómicos?
HAAM: No, por el principio esencial del validez legal. No se puede compatibilizar un texto nulo con una norma departamental legal absolutamente legal y confirmada en diversos procesos de votación soberanos y populares.
LEX: ¿Cuál es su opinión sobre el Decreto Supremo 29691 que convoca a una serie de actos electorales para el 7 de diciembre?
HAAM: Desde una perspectiva jurídica, es una medida ilegal e inconstitucional porque no se ajusta al marco ni formal ni conceptual de la norma vigente de nuestro país. Debemos recordar que la jerarquía de las normas en Bolivia es nítida: Constitución, Leyes y Decretos, lo cual corresponde lógicamente a la organización de un Estado democrático, con tres Órganos de Poder de igual jerarquía y de idéntica importancia que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
Los Decretos, por definición en democracia, constituyen una facultad del Poder Ejecutivo para que en situaciones de excepción y subsidiariedad pueda, de manera accesoria, complementar normativas pero no aspectos esenciales de la vida de la sociedad en democracia.
"Las autonomías no le interesan al actual Gobierno."
Nunca en la vida democrática se había apelado a Decretos para definir aspectos de fondo, mucho menos para una situación que implicaría la reforma no solo de una norma, sino de una norma de carácter social y política ya que la Constitución es un pacto social.
El Decreto mencionado no guarda ni la relación legal ni constitucional, ni tampoco la relación de responsabilidad de Gobierno.
LEX: ¿Qué dice la Ley sobre la forma de elección de los Sub-Prefectos y Consejeros Departamentales?
HAAM: Existe una contradicción muy fuerte, que da la pauta de que es más importante la agenda político-partidario que la agenda real de Gobierno. Cuando el Poder Ejecutivo habla de autonomía, en realidad nadie está diciéndole que es la concesión más absoluta de su fracaso porque el Gobierno combatió las autonomías y hoy, supuestamente, las incluye como parte formal de este Decreto.
En realidad, las autonomías no le interesan al actual Gobierno. Tomemos como ejemplo lo siguiente: Convoca a elección de Sub-Prefectos y al mismo tiempo convoca al referéndum dirimitorio sobre ese proyecto nulo que tiene de Constitución, donde los Sub-Prefectos prácticamente desaparecen en cuanto autoridades con potestad jerárquica; cualquier persona, con un poco de análisis hacia el fondo, podrá darse cuenta que al Gobierno, lo único que le interesa es su proyecto de texto constitucional y, sobre todo, la posibilidad de perpetuarse en el poder.
LEX: Entonces, de llevarse a cabo todos estos actos electorales el 7 de diciembre, ¿Son legales o ilegales?
HAAM: Son ilegales pero lamentablemente debemos recordar que los entes de la democracia boliviana a los cuales se podría apelar están descabezados, como es el caso del Tribunal Constitucional, o en riesgo de ser terriblemente influenciados por el poder político, como es el caso de la Corte Suprema de Justicia vía las nuevas designaciones.
LEX: ¿Existe alguna medida para que estos actos que usted considera ilegales no se lleven a cabo?
HAAM: Recuerdo con mucha precisión que la propia Corte Nacional Electoral (CNE) emitió una serie de Resoluciones que indicaban que los referéndums de carácter nacional sólo pueden ser convocados mediante Ley de la República, y espero que ahora, el Presidente de la CNE, José Luis Exeni, se acuerde de las Resoluciones que él mismo firma porque se supone que nadie de la CNE, mucho menos las Cortes Departamentales Electorales, estarían obligadas a administrar procesos ilegales como el que plantea este Decreto Supremo.
LEX: ¿Algo más que desee agregar?
HAAM: Como ciudadano, más que como hombre de leyes, tengo una profunda preocupación porque este hecho propiciado por el Poder Ejecutivo prácticamente sepulta toda posibilidad de diálogo y, por lógica, todo conflicto debe resolverse. Lamentablemente, esta medida del Gobierno retira la posibilidad de que esa solución se dé a través del diálogo y que pueda haber violencia y mayores enfrentamientos en las calles.
Hugo Antonio Achá Melgar = TRAIDOR.
Hugo Antonio Achá Melgar = TERRORISTA.
[...] y elaboró un informe que negaba la existencia de servidumbres de indígenas guaraníes. Se opuso a la aprobación de la ley Electoral Transitoria y es considerado un acérrimo opositor al Gobierno de [...]
Hugo Acha = Perseguido Politico, ahora que todo quedo claro, tambien queda claro que fue el primero en entender lo que se venia, el primero en enfrentarlo y el primero en sufrir la verdadera naturaleza de lo que se consolidara en bolivia este 6 de diciembre. Al que firma como Boliviano, deberia darte verguenza vos no sos ya Boliviano, tu pais ya no se llama asi, Boliviano es el Dr Acha y los pocos que se opusieron a que vamos hacia el abismo.