Recomponer el Tribunal Constitucional Boliviano conviene a todos
Eddie Cóndor Chuquiruna
Peruano. Abogado, Especialista en temas de Justicia y Derechos Humanos. Coordinador del Área de Participación Ciudadana y Buenas Prácticas de la Comisión Andina de Juristas (CAJ).
A nadie conviene la situación de inoperatividad del órgano de control constitucional: ni a los ciudadanos ni
- Eddie Cóndor Chuquiruna
al propio Gobierno, que hoy debe enfrentar poderes fácticos que buscan imponer autonomías que la propia Constitución no contempla. La neutralización del Tribunal Constitucional es inconveniente en un contexto de conflictos y reposicionamientos políticos en los que el Tribunal podría ser útil para garantizar la constitucionalidad del proceso político e intermediar entre los actores para asegurar la unidad histórica del Estado boliviano. Sin Tribunal, incluso el propio poder presidencial (al menos hipotéticamente) podría verse afectado.
¿Podría el Gobierno de Evo Morales apelar a la Constitución en caso de un golpe de Estado?, ¿Podría afirmar la supremacía del Tribunal Constitucional en caso de que su status se viese amenazado por fuerzas subyacentes?
La Constitución asegura el poder y la legitimidad de un gobernante elegido por el pueblo bajo su marco. Tampoco conviene al gobernante concentrar el poder y desarrollar un proyecto totalitario que finalmente restaría a la institucionalidad boliviana, propiciando oposiciones legítimas en todos los ámbitos del pensamiento democrático, incidiendo en su progresivo aislamiento y desgaste.
Sin embargo, los hechos inducen a creer que lo que esconde el Gobierno detrás de su campaña contra el Tribunal Constitucional es desarmar el sistema de control constitucional para ampliar sus márgenes de maniobra. Como se recuerda, la denuncia del Presidente contra los magistrados constitucionales no se limitó al Juicio de Responsabilidades ya que el objetivo era mayor: dejar sin piso al Tribunal y, en consecuencia, ejecutar políticas que requieran necesariamente quebrar el Estado de Derecho, liquidar la división de poderes y demoler el sistema democrático.
En realidad, más que el Poder Judicial, el auténtico poder del Estado en una sociedad moderna es el Tribunal Constitucional, pues este órgano ejerce una función real en el sistema de pesos y contrapesos (checks and balances, según los norteamericanos). En otros términos, el Tribunal Constitucional es, en los hechos y por sus funciones de control concentrado de la constitucionalidad, un Poder del Estado. Puede dejar sin efecto las leyes del Parlamento, cosa que el propio Poder Judicial no puede hacer. Dadas sus altas funciones dentro del sistema político, su desactivación o neutralización equivale, prácticamente, a un golpe de Estado. Una fórmula irregular, poco tradicional, pero que implica someter a uno de los órganos de control de los actos del Poder Legislativo.
La situación es así más grave de lo que aparece a los ojos de la opinión pública. La institucionalidad democrática del país está en suspenso por este “putsch” no tradicional.
El cuerpo legislativo emitió resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; incumplió deberes e impidió el ejercicio de las funciones asignadas constitucionalmente a los magistrados del Tribunal. El acoso y la insostenible situación de fragilidad frente al Poder Ejecutivo determinaron que varios de los magistrados renunciaran a sus cargos. Con las renuncias sucesivas, el sistema de control constitucional colapsó y 2.500 recursos se acumularon sin resolución.
Las consecuencias no se agotan allí. Los problemas de institucionalidad y la pugna entre el Gobierno Central y los departamentos, el cuestionamiento a los referendos de las regiones que buscan su autonomía, así como a la aprobación ilegal de la nueva Constitución, tienen su origen en la virtual desactivación del Tribunal Constitucional.
Sin un mínimo de acuerdos interpartidarios en el Congreso para recomponer el Tribunal Constitucional, todos pierden: Pierde el Gobierno, pierde el Congreso y pierden los partidos, las organizaciones, las instituciones y los ciudadanos, todos desprovistos del único marco que les da seguridad y garantías.
La única magistrada en ejercicio, lidera ahora una persistente tarea de pedagogía constitucional en la línea de recuperar la efectividad del órgano de control. Sin embargo, esta tarea requiere el concurso de todos los hombres de Derecho y de la comunidad jurídica internacional, pues la independencia de poderes es una garantía del Estado de Derecho contenida en los tratados internacionales, en el constitucionalismo histórico y en el Art. 3º de la Carta Democrática Interamericana. Mal haría el Presidente Morales en seguir la vía equivocada y profundizar en el intento de capturar toda la hegemonía. Ningún Gobierno puede asumir una legitimidad democrática que el Derecho y la propia realidad empiezan a contrastar y contradecir.
Las opiniones contenidas en el presente artículo son de responsabilidad exclusiva de quien las remite y no reflejan posiciones institucionales de la Comisión Andina de Juristas.
